Marisol Rodríguez inicia gestión en Tequila con promesa de limpia administrativa

La presidenta municipal de Tequila, Marisol Rodríguez, asumió este lunes sus funciones con el compromiso de implementar una revisión profunda en la administración local. Durante su primer mensaje oficial tras la toma de protesta, la alcaldesa enfatizó que su gobierno se centrará en la transparencia y la rendición de cuentas, marcando una distancia clara respecto a las prácticas ejercidas durante la gestión de su antecesor, Diego Rivera.

Al ser cuestionada sobre el estado en el que recibió el municipio, Rodríguez señaló que desconocía las dinámicas administrativas que derivaron en señalamientos de corrupción durante el mandato previo. Fuentes cercanas a su equipo de transición indicaron que la nueva administración llevará a cabo auditorías internas exhaustivas para identificar posibles anomalías en el manejo de recursos públicos y en la asignación de contratos municipales.

La estrategia de la alcaldesa contempla una reestructuración de las dependencias clave, con el objetivo de optimizar la atención a la ciudadanía y garantizar que el presupuesto sea ejercido con apego a la legalidad. Los colaboradores de la presidenta municipal aseguraron que se busca profesionalizar el servicio público, priorizando la contratación de perfiles técnicos y con experiencia en gestión gubernamental.

Vecinos y diversos sectores productivos de Tequila han expresado expectativas sobre este cambio de rumbo, esperando que la anunciada limpia administrativa se traduzca en mejores servicios y mayor claridad en el uso de los impuestos locales. Por su parte, la administración municipal ha declarado que mantendrá canales de comunicación abiertos con la sociedad civil para informar sobre los hallazgos que surjan durante el proceso de entrega-recepción.

Finalmente, el equipo de gobierno de Rodríguez subrayó que no se tolerarán conductas que contravengan la ética pública. La alcaldesa ha manifestado que su administración colaborará con las instancias fiscalizadoras correspondientes en caso de que, tras las auditorías, se detecten irregularidades que requieran la intervención de autoridades administrativas o judiciales.