La SCJN obliga a juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces federales y estatales tienen la obligación jurídica de aplicar la perspectiva de género e interseccionalidad al investigar y juzgar casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos. Este fallo, emitido este viernes 28 de agosto, establece un precedente vinculante para todo el sistema judicial mexicano, señalando que la adopción de este enfoque no es una opción discrecional, sino un mandato constitucional para garantizar el acceso a la justicia y la verdad.

La resolución del máximo tribunal precisa que las autoridades judiciales deben considerar las condiciones particulares de vulnerabilidad y los riesgos específicos que enfrentan las mujeres que realizan labores de defensa social. Según los criterios establecidos por la SCJN, los juzgadores deberán analizar cómo factores como la identidad, el contexto comunitario y la labor de activismo inciden directamente en las dinámicas de violencia y desaparición, evitando así la revictimización y la impunidad en las carpetas de investigación.

Esta determinación surge tras la revisión de diversos recursos legales que buscaban una mayor exhaustividad en las diligencias ministeriales. La Corte subraya que las fiscalías y los jueces deben indagar no solo el hecho delictivo, sino también los posibles vínculos entre la desaparición y la actividad de defensa realizada por las víctimas, un aspecto que frecuentemente era omitido en los procesos judiciales previos.

Con este criterio, la SCJN busca estandarizar los protocolos de actuación en todo el país, obligando a que las sentencias y resoluciones integren una visión integral de los derechos humanos. Los tribunales deberán evaluar la situación desde una óptica que reconozca los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres defensoras en los diversos estados de la República mexicana.

Este fallo se suma a los esfuerzos institucionales por fortalecer el marco jurídico frente a la crisis de desapariciones que persiste en diversas regiones. La implementación de esta directriz obligatoria representa un cambio significativo en la metodología de trabajo de los impartidores de justicia, quienes a partir de ahora cuentan con un mandato explícito para profundizar en las causas de género detrás de estos crímenes.